“No es casual que las provincias que concentran el 80% de la deforestación en el país -Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta- sean las más afectadas por las inundaciones. Lamentablemente, esto continuará: los campos son cada vez más permeables y no bastarán inversiones millonarias para volver a restaurar el equilibrio del suelo”, dijo Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace. “La fragilidad ambiental propia de los suelos desmontados que colapsan y las excesivas precipitaciones son el denominador común de estas provincias, que además complican su situación al destruir de manera ilegal bosques protegidos”, agregó la vocera.
Chaco es la provincia donde más bosques se destruyeron durante los últimos tres años, con un importante aumento de los desmontes ilegales: más de la mitad de la deforestación se realizó en zonas protegidas por la Ley de Bosques (54.327 de las 103.908 hectáreas desmontadas). Greenpeace denunció la complicidad entre el gobierno provincial y grandes empresarios agropecuarios para deforestar en zonas prohibidas por la normativa nacional, ya que se había autorizado de manera irregular el desmonte en una superficie de más de 50 mil hectáreas. Debido a la presión pública, el gobernador Domingo Peppo emitió en enero el decreto 298/19 para derogar la normativa que permitía autorizar desmontes sobre bosques nativos protegidos. Sin embargo, Greenpeace detectó mediante imágenes satelitales que los desmontes continuaron.
“Chaco soporta en pocos meses recurrentes inundaciones. Pese a que la sociedad se moviliza en defensa de los bosques, los desmontes ilegales ordenados impunemente por el gobernador Peppo no se detienen. Un claro ejemplo es el establecimiento Monterrey, pegado al Parque Nacional Copo, donde ahora mismo se están arrasando más de dos mil hectáreas protegidas por ley”, expresó Cruz. “Es necesario que se detengan estos crímenes ambientales y también es necesario no perder de vista quién es el responsable. En Chaco, emergencia hídrica equivale a emergencia forestal”.
