El dictamen unánime a que llegaron los miembros de la comisión de Salud, que preside Antonio Morante (FPV- Chaco), es sobre la base de un texto que compatibiliza los proyectos presentados por Juan Carlos Vega (CC) y Gerardo Milman (GEN).
La iniciativa tiene como objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso de su muerte y los deberes del personal sanitario que las asiste, así como las garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar.
El régimen propuesto establece que la persona que se encuentre en el proceso de muerte, agonía o terminal tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios, siempre que esté fundado en un proceso de información suficiente.
En ese contexto, el paciente podrá rechazar tratamientos mecánicos o farmacológicos de prolongación de vida, de lo que deberá dejar constancia por escrito firmada con testigo o, si no puede firmar, lo deberá hacer una persona debidamente autorizada.
Vega, quien no pertenece a la comisión de Salud pero fue a la reunión a exponer su proyecto, dijo que el propósito que lo guía es “evitar el encarnizamiento terapéutico y la industria de la muerte”.
El diputado respaldó el texto consensuado elaborado por el cuerpo de asesores, pero advirtió que “la eficacia de la norma va a depender de que no se deje una puerta abierta para la judicialización de la decisión del paciente”, si bien se aclaró luego que eso no implica que se deniegue el principio constitucional de acceso a la justicia.
“El juez no tiene por qué intervenir cuando se cumplen los requisitos de la ley”, agregó, y sostuvo que en el proyecto debe estar prevista “la hipótesis del suicidio asistido”, que no es eutanasia, para los casos prescriptos en la ley.
Milman también aceptó el acuerdo a que llegaron los asesores para hacer coincidir en un único texto su proyecto y el de Vega, y defendió “la autonomía de la voluntad del paciente” sobre su vida, así también como “el consentimiento informado” que requiere la decisión que tome.
La diputada Cinthia Hotton (Valores para mi país) planteó que se le dé un giro semántico al tema y se hable de “vida digna”, pero su propuesta no encontró eco.
En cambio, prosperó la propuesta del presidente de la comisión de incluir en la ley un registro “de objeciones de conciencia”.
La reunión contó con la presencia de Selva Herbón, madre de una niña de año, quien hizo un pedido desesperado para que su hija sea desconectada del respirador que la mantiene con vida a pesar de un cuadro al parecer irreversible que padece.
Fuente: DyN
