Los trabajadores cortaron el tránsito en el cruce de Avenida Sáenz y Traful, en el barrio porteño de Pompeya, junto a los legisladores José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro-FPV), Paula Penacca (FPV) y María Rachid (FPV).
"Esta tarde hubo mucha angustia y dolor porque es gente que si no trabaja no come, no puede pagar el alquiler o llevar a sus hijos al colegio", subrayó Campagnoli, quien remarcó que los trabajadores "se llevan muy bien con los comerciantes, por ahí no pasa el conflicto".
El legislador precisó que la Policía Metropolitana "no permite rearmar los puestos", ya que hay "una política sistemática para impedir ese tipo de trabajo".
"Estamos preocupados porque no queremos que haya nuevas represiones, esta gente es víctima del trabajo informal y además víctima de la policía, que los desaloja", subrayó.
En tanto, los trabajadores sostuvieron que "una vez más el Gobierno de la Ciudad en lugar de regular la situación adopta una política de persecución y hostigamiento".
Recordaron que en el último mes "se vivieron situaciones de desalojo, enfrentamientos y falta de otorgamiento de permisos a artesanos y vendedores ambulantes, que evidenciaron la falta de voluntad del Ejecutivo porteño de garantizar la fuente de ingresos de los sectores más excluidos".
"Lejos de adoptar políticas públicas de inclusión y regularización laboral, los hechos recientes demuestran una intención de criminalizar el trabajo en el espacio público", aseguraron.
El jueves 11 de septiembre, "representantes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y agentes de la Policía Metropolitana realizaron un operativo intempestivo en la Avenida Sáenz del Barrio de Pompeya, que culminó con el desalojo de los trabajadores feriales", puntualizaron.
"A partir de entonces, cientos de policías y empleados se encuentran en el lugar, impidiendo el trabajo de más de 200 personas que diariamente venden alimentos, artículos varios, manualidades y artesanías en la Feria de Pompeya", detallaron.
Los trabajadores recordaron además que los "trabajadores de Plaza Francia y el Rosedal tampoco pudieron obtener los permisos de uso necesarios".
"La situación es clara, en lugar de adecuar la normativa y adoptar las políticas necesarias para regularizar la venta en la vía pública se coloca a los trabajadores en una mayor situación de vulnerabilidad"", enfatizaron.
Fuente: Télam
