El presidente de uno de los dos bloques en el que está dividido el justicialismo en la Cámara de Diputados, Lorenzo Villagra -enrolado en el saadismo- durante la sesión del miércoles último informó sobre el pedido que, días atrás, hicieron al presidente de Tribunal de Cuentas, Rafael Mardonio Díaz Martínez.
Concretamente solicitaron que el organismo que Díaz Martínez preside "en uso de las facultades otorgadas por la Constitución Provincial y la ley 4621, realice una auditoría contable de las compras de bienes efectuadas por el Ministerio de Salud y Acción Social, en el ejercicio 2001 y en el período enero - mayo del 2002, por el sistema de contratación directa".
"Lo solicitado -agrega la misiva- se encuadra dentro de obligaciones constitucionales que tiene el Tribunal de Cuentas de fiscalizar la percepción e inversión de los caudales, artículo 189º de la Constitución Provincial".
Por otra parte, se puntualiza en el texto que de acuerdo al artículo 125º de su ley Orgánica, modificada por ley 4627, el Tribunal de Cuentas "tiene las atribuciones de disponer, cuando lo estime necesario, una comisión legal o contable de los organismos del Estado, con el objeto de efectuar las comprobaciones y/o verificaciones que considere necesarias".
Sostienen los legisladores que motiva el pedido, "el hecho que hemos observado de un tiempo a esta parte que el Ministerio de Salud y Acción Social tomó como una constante en la adquisición de bienes el sistema de contratación directa, obviando la concurrencia, puja y oposición de oferentes contemplados en los otros tipos de contrataciones reguladas por legislación vigente".
Consideran que es preciso determinar "si estas resoluciones instrumentadas por el Ministerio de Salud y Acción Social, por las cuales se aprueban y adjudican las compras por dicho sistema, se encuadran dentro de marco normado por la ley 4938 y su reglamento, ya que en ellas se especifican las condiciones y extremos que se tienen que cumplimentar para el uso de este tipo de contrataciones".
"Por lo apuntado precedentemente, entendemos imprescindible la realización de la auditoría solicitada con el fin de deslindar responsabilidades en los posibles hechos irregulares", concluyen. (Prensa y Difusión).
