También se busca disminuir la mortalidad de las personas víctimas de esos delitos, como así también la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual y de VIH/ sida, asegurando las prestaciones de emergencia. Asimismo, arbitrar procedimientos que eviten la revictimización derivada de estudios médicos sucesivos y de la sustanciación de actuaciones judiciales.
Por otra parte, la Autoridad de Aplicación deberá suscribir convenios con los municipios con carta orgánica para que desarrollen las acciones tendientes a efectivizar el programa en sus respectivas jurisdicciones. A tal efecto, el Tesoro provincial transferirá las partidas presupuestarias que se asignaren para ese fin.
En sus fundamentos, la diputada recalcó que el tema de la violencia contra la integridad sexual de las personas es un problema de salud pública. Por este motivo, responsabiliza al sector Salud a dar una respuesta integral que recomponga el bienestar emocional, mental y físico de las víctimas de delitos sexuales.
Con respecto al abordaje integral, deberá realizarse en el marco de un programa intersectorial que involucre el rol activo de otros ministerios, incluyendo al Poder Judicial, a través de su Cuerpo Interdisciplinario Forense.
La diputada consideró que la violencia sexual es un fenómeno que afecta a las mujeres, niños y niñas de distintas edades, condiciones de vida y en todos los países del mundo. De esta manera, esto trae aparejado consecuencias muy graves para las personas agredidas, para sus familias y para la comunidad en general.
Por este motivo, aseguró que es urgente responder al desafío de su prevención y erradicación y trabajar en la reparación de las personas afectadas a través de medidas integrantes y humanizadotas.
Finalmente, resumió que “la agresión sexual es el único delito cuya prueba requiere no sólo investigar los hechos sino la exposición pública de la historia íntima, pasada y presente de la persona que sufrió el daño”.
