Fuentes judiciales informaron este viernes que la decisión de la magistrada fue adoptada en febrero, en una causa iniciada por Proconsumer, entidad defensora de los derechos de consumidores.
En ella, Do Pico se remitió a una resolución de octubre de 2001, cuando dispuso la nulidad del decreto que autorizaba la instalación de esas máquinas. (Télam)