"La denuncia penal es por malversación de caudales públicos o administración fraudulenta, después el juez determinará en qué otras figuras penales podrán quedar incursos los funcionarios que estuvieron involucrados en esto", aseguró Oliveira en diálogo con Télam.
Sin embargo, el secretario de Ingresos Públicos, José Luis D´ Hipólito, desestimó la denuncia y explicó a Télam que Oliveira compara precios de servicios que son diferentes y en alusión a la contratación directa de una empresa postal refirió que obedeció a que bajo ningún concepto se puede suspender el cobro de impuestos. (Télam)
