El informe de la OAD constata el riesgo de las familias de ser desalojadas o de sufrir situaciones abusivas, sin posibilidad de ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los propietarios de inmuebles.
"La inseguridad prevalece en estos espacios, debido a que aumentan y se aceleran los procesos de desalojo, producto de la especulación inmobiliaria, de climas políticos propicios y de las condiciones legales, que priorizan sin atenuantes el derecho de propiedad, por sobre todo otro derecho", destacó Ventura.
La funcionaria alertó además por el "alto nivel de deterioro en la infraestructura de los conventillos, debido a la falta de inversión por parte de sus propietarios, que habitualmente sólo especulan con la revalorización de las tierras para su posterior venta".
Entre las condiciones de seguridad insuficientes detectadas por la OAD se indica que "los inmuebles carecen de matafuegos y/o instalaciones contra incendio; presentan precariedad manifiesta en las instalaciones eléctricas; cables de electricidad al descubierto, con recortes mal aislados, a la intemperie y sin protección alguna; precariedad manifiesta en las instalaciones de gas".
Existe "un entramado de mercado informal en negro, con muchas deficiencias legales, por ser lugares ocupados", añade el informe.
También se consigna un incremento de la emergencia en el último decenio, dada la cantidad de afectados: la población habitante en inquilinatos y en piezas en hoteles o pensiones de la comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) llega a casi 17.500
personas, tras registrarse un aumento de 11,3% entre los censos de 2001 y 2010.
Esa comuna es la de mayor cantidad de población habitando en piezas de inquilinatos, pese a no ser la que cuenta con mayor disponibilidad de viviendas destinadas a ese fin.
De este modo, indicó Ventura, "se puede inferir que los niveles de hacinamiento son mayores", por lo cual la OAD propone diversos cambios normativos y acciones del gobierno porteño para mejorar la situación.
Fuente: Télam
