"A raíz de las actuaciones que se vienen realizando durante septiembre por el cúmulo de llamados de amenaza, desde esta fiscaliza se vio la necesidad de hablar con los actores, por eso se propició desde el Ministerio Público una reunión y se pidió que desde los ministerios de Gobierno y de Educación se escriba un protocolo de actuación para cada uno de los que tengan que intervenir sepan el rol que deben cumplir", señaló Sago.
Explicó que esto implica que ante el llamado anónimo las escuelas u otros organismos, deben proceder a la evacuación preventiva. "Esta evacuación implica trasladar a 600 u 800 alumnos en el turno mañana, lo cual implica saber cómo hacer la tarea para que sea segura y ordenada y tratando de causar el menor trastorno posible en al vida de una ciudad que tiene en unas pocas manzanas concentrado el 80% de las escuelas", advirtió el fiscal.
Para elaborar dicho protocolo se tomará como base el sistema de evacuación que las escuelas elaboraron para prevenir catástrofes sísmicas.
Por otra parte, Sago señaló que si bien se habló sobre el recupero de las horas de clases que se pierden ante cada llamada amenazadora, desde el Ministerio de Educación se advirtió que es complejo recuperar esas horas porque no hay infraestructura escolar suficiente, teniendo en cuenta que en la mayoría de las escuelas hay doble turno.
"El tema de la recuperación de las horas de clase fue transmitido en la oportunidad que el Ministerio de Gobierno acercó los expertos de la policía federal en este tema, ellos argumentaban que el caso de los llamados de amenazas en la ciudad de Buenos Aires la forma más eficiente para reducirlos al mínimo era la recuperación de una hora de las clases perdidas. Cuando se transmitió esta posibilidad, la gente de Educación nos decía que se le complicaba la recuperación horaria después de la salida de clases, porque en un mismo establecimiento se dictan más de dos turnos de clases", comentó Sago.
