Greenpeace denunció el ingreso del uranio ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad (1), que hizo lugar al reclamo de la organización ambientalista y solicitó al jefe de Gobierno, Jorge Telerman, que impidiera el tránsito del material radiactivo por las calles porteñas.
En forma preventiva, Greenpeace montó una guardia en las instalaciones del depósito fiscal que continuó esta tarde con activistas que, vistiendo la camiseta del seleccionado nacional de fútbol, le “pusieron marca personal” al ilegal transporte.
Según Greenpeace, el traslado del uranio por la Ciudad de Buenos Aires es una abierta violación al artículo 26 de la Constitución porteña que establece la prohibición del “transporte y la tenencia de sustancias y residuos radioactivos”.
La denuncia de la organización ambientalista fue corroborada y avalada por el accionar del Gobierno porteño que ordenó a la Prefectura Naval y la Policía Federal que impidieran el tránsito de los nueve contendedores de uranio por la Ciudad.
Este mediodía, autoridades del Gobierno de la Ciudad y de la Defensoría se hicieron presentes en el depósito fiscal donde fue acopiado el uranio –ubicado en la terminal 3 del Puerto de Buenos Aires, en la Costanera Sur- para dialogar con los funcionarios vinculados a la empresa Dioxitek, perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica, a quien pertenece el mineral.
El material tiene como destino la planta de la empresa Dioxitek S.A. en Córdoba, donde será utilizado para la elaboración de dióxido de uranio, materia prima para la elaboración del combustible nuclear de las centrales atómicas de Atucha I y Embalse.
El mineral, proveniente de Houston (Estados Unidos), ingresó el viernes a la terminal número 3 del Puerto de Buenos Aires, desde donde fue trasladado al depósito fiscal de la empresa Tefasa, ubicado en Av. Elvira Dellepiane, esquina Juan Lavaisse, en la Dársena Sur del Puerto de Buenos Aires.
El uranio es un elemento tóxico y radiactivo que posee la particularidad de liberar energía en forma de radiación ionizante que representa un grave riesgo para la salud cuando es ingerido o inhalado.
“Este transporte por la calles de la ciudad es sumamente peligroso y desconoce el rechazo de la población a la energía nuclear. Muchos municipios y provincias prohíben el transporte nuclear por su territorio, en una clara actitud precautoria”, declaró Juan Casavelos, coordinador de la Campaña de Energía de Greenpeace.
“Contrariamente, a lo que afirma la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el tránsito de uranio para la fabricación de combustible nuclear se encuentra expresamente prohibido en la Constitución porteña y este cargamento no está destinado a ningún uso medicinal o industrial como sostienen los funcionarios de la Comisión”, expresó Casavelos.
