El fiscal federal Ramiro González respondió positivamente a la consulta del juez Sebastián Casanello sobre si impulsaba la investigación, tras la denuncia efectuada la semana pasada por la fiscalìa especializada en temas de lavado de activos (PROCELAC). González no formuló una "imputación" sino que respondió a la "vista del 180", un artículo del Código Procesal por el cual el juez le pregunta si impulsa la acción o la desestima por inexistencia de delito, en relación con la denuncia formulada, en este caso por la PROCELAC.
El fiscal también formuló el requerimiento de investigación contra Alberto Meza, socio de Niembro en La Usina y aún hoy candidato a diputado nacional por el PRO en la provincia de Buenos Aires.
La PROCELAC formuló la denuncia a partir de las publicaciones periodísticas y de una investigación preliminar propia que involucra al gobierno porteño como el que concedió las contrataciones, y a La Usina como la empresa contratada.
La causa es paralela a la que tiene a su cargo el juez de instrucción Roberto Ponce, en la que se investigan las contrataciones y no el "lavado", que es un delito posterior.
Para que exista lavado debe haber un "delito preexistente" que es el que origina el dinero o los bienes ilegales que son, luego, objeto del "lavado" propiamente dicho.
La página del Ministerio Público en internet precisó que "de acuerdo a la denuncia original, el principal contratante de La Usina fue la Secretaría de Comunicación Social porteña, a cargo de Pablo Gaytan, desde diciembre de 2011, indicando que la mayoría de los contratos directos habrían sido otorgados por “servicios de publicidad”, para “publicidad institucional hospitalaria” y “educación, vivienda o dirección ejecutiva”, entre otros". "Allí también se consignó que La Usina Producciones S.R.L. habría recibido dinero del Ministerio de Desarrollo Social, de la cartera de Salud y de la Jefatura de Gabinete, todos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y "adicionalmente, se señaló que desde 2014 se habrían sumado como contratantes otros organismos públicos del Gobierno porteño". Entre las medidas de prueba reclamadas por el fiscal
González figuran "información a la AFIP y al Banco Central, así como también a otros organismos públicos nacionales". "A la vez, requirió al ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, ARBA, información sobre la deuda que “La Usina Producciones” registraría ante esa agencia, y a los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, que informen si los imputados
Fuente: diario26.com
