La acción se inscribe en las políticas públicas actuales que implican un cambio en la percepción de la Infancia y la Adolescencia, producto de la progresiva integración doctrinaria propuesta por la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, plasmada en nuestro país a través de la Ley Nacional Nº 26.061.
Esta ley coloca al Estado, los municipios y a la sociedad como corresponsables en el diseño y ejecución de las políticas destinadas a este grupo etario, fomentando la creación de los Consejos Distritales y Provinciales, concebidos como órganos que generen, progresivamente, las condiciones requeridas en la Ley para el pleno funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Niñez.
