Por este motivo, y en función de la creciente cantidad de ocupaciones ilegales de viviendas IPV, el Instituto Provincial de la Vivienda informa que el resguardo de las construcciones y la vigilancia para “impedir el acceso de personas ajenas a la obra” le corresponde a las empresas constructoras, de acuerdo con lo establecido en el pliego de licitación adquirido previo a su asignación, y por lo tanto, éstas son responsables hasta su culminación y encargadas del acto de realizar la denuncia por usurpación o ante cualquier otro inconveniente de índole privada.
Además, respecto de los barrios tomados, cabe destacar que, si bien es cierto se trata de obras antiguas, que fueron abandonadas por la gestión anterior y quedaron sin terminar, éstas contaban con un importante avance y ya se habían asignado a nuevas empresas constructoras para que las finalicen y puedan ser adjudicadas a futuros beneficiarios, según el Sistema Único de Postulantes, con que se rige la Institución.
En cuanto a dejar el proceso de desalojo en manos de la justicia, el IPV considera que esta es la manera más apropiada, dado que el Poder Judicial es el órgano del Estado encargado de administrar la justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos.
Finalmente, las autoridades del IPV reafirman la decisión de no respaldar estas usurpaciones bajo ninguna de sus formas, y garantizar así, el orden y la equidad en el acceso a este bien tan preciado para todas las personas.
