La iniciativa ingresó en agosto de este año, y ambas comisiones tuvieron diversas reuniones para avanzar en su tratamiento, aunque finalmente no obtuvo sanción durante el período ordinario de sesiones. "Concretamente se trata de la adecuación la ley 4963 que se refiere al marco regulatorio de agua potable y servicios cloacales y de la ley 4.836 que se refiere a la creación del Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones (ENRE)", según confirmó el diputado Rubén Herrera.
A partir de la iniciativa se pretende generar el marco legal para que el Ejecutivo provincial pueda darle forma al nuevo pliego de condiciones para poder llamar a la licitación del servicio. Cabe recordar que conforme con la instancia en que se encuentra el trámite con Aguas del Valle, hay una prórroga de prestación del servicio que culmina el 1 de enero de 2008, con la posibilidad de prórroga por un año más. Sin perjuicio de que, con el marco legal ya elaborado, pueda materializarse el proceso de licitación antes de que finalice la nueva prórroga del servicio.
Las dos comisiones analizaban la propuesta del Ejecutivo y, en este sentido, hubo varias reuniones con funcionarios del ministerio de Obras y Servicios Públicos. Una de las modificaciones que contempla la ley trata sobre la ejecución judicial de las facturas impagas al concesionario en concepto de servicios prestados. Había una propuesta que originariamente surgió del diputado Marcelo Rivera (PJ), que proponía eliminar la posibilidad de los juicios ejecutivos por considerar que era una herramienta a la que la actual empresa Aguas del Valle acudía con frecuencia.
La propuesta del Ejecutivo contempla mantener la ejecución judicial, pero exceptuar del procedimiento de juicio ejecutivo (una instancia judicial rápida) a aquellas entidades o instituciones que no tienen fines de lucro y que cumplen con el bien común. Tampoco estarán sujetos a ejecución judicial los usuarios subsidiados. En consecuencia, el cobro judicial de facturas impagas se llevará a cabo mediante el proceso de juicio ordinario.
"Es mucho más amplia la propuesta, porque también se incluyen las asociaciones civiles sin fines de lucro, las entidades religiosas, deportivas, científicas, culturales y deportivas para que tengan este beneficio", aseguró.
Al ser consultado por las modificaciones a la ley de creación del Ente Regulador, Herrera señaló que la propuesta contempla la agilización de los trámites y adecuación del organismo desde el punto de vista normativo.
"No hay que olvidar que las privatizaciones se realizaron en el contexto de una política de paridad cambiaria en Argentina absolutamente diferente a la situación que hoy vive el país, este es el principio de la adecuación del marco legal", dijo al sintetizar el espíritu de las dos iniciativas.
