A poco de arribar al lugar de los hechos, el director del SAME, Alberto Crescenti, confirmó el fallecimiento de cuatro residentes -una en el establecimiento y las otras tres por paros cardiorrespiratorios mientras eran trasladadas- e informó que hay una quinta persona en "estado grave, con asistencia respiratoria mecánica" internada en el hospital Fernández.
Además, 20 adultos mayores debieron ser trasladados a los hospitales Zubizarreta, Tornú, Fernández y Rivadavia, mientras otros nueve fueron asistidos en el lugar.
El defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, consideró "inaceptable" que una sola persona esté a cargo de 30 residentes y advirtió que "los estándares internacionales indican un personal de sentencia directa cada ocho residentes, cuando hay abuelos semipostrados o postrados".
"Las leyes 661 y 1.003, que rigen la habilitación en geriatría, establecen, conforme a la cantidad de pacientes, mínimos de personal en distintos rubros, desde los médico-sanitario hasta la contención con auxiliares de acompañamiento geriátrico", aseguró Semino.
"Esto varía conforme la situación: a más abuelos postrados necesitamos más cantidad de personal, pero los estándares internacionales indican un personal de asistencia directa cada ocho residentes cuando hay abuelos semipostrados o postrados", dijo.
No obstante, esta irregularidad es, según su experiencia, "lamentablemente recurrente" en los geriátricos de la Ciudad, muchos de los cuales "se clandestinizaron" a partir de la ley que, en 2003, creó el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Adultos Mayores.
"Acá cerca, cinco abuelas se ahogaron en 2002 y eso dio origen a una ley de control de geriátricos en la Ciudad, que se reglamentó tres años después. En aquel momento había 1.000 geriátricos y los que se pudieron adecuar son alrededor de 600: vale decir que quedaron 400 -y no es el caso del que nos estamos refiriendo- clandestinizados y que no tienen ningún tipo de control", dijo.
Semino advirtió además que la falta de controles permite que los geriátricos privados "ajusten costos", con consecuencias como la de la tragedia de la calle Echeverría; mientras que la eximición a las obras sociales y prepagas de cubrir las prestaciones de internación geriátrica como parte del Plan Médico Obligatorio ha hecho "pulular los geriátricos clandestinos de bajo costo, algunos verdaderos 'morireros'".
"Estamos asistiendo a un verdadero drama al cual nadie le quiere prestar atención, que es que los ajustes de costos para una mayor utilidad de los empresarios en geriatría, se da por reducción de personal y de comida, y estas son las consecuencias, no sólo en cantidad de personal sino en la calidad del recurso humano", dijo.
Por su parte, la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Cecilia Segura, advirtió en diálogo con Télam que "no existe una política integral de adultos mayores en la Ciudad", y ese sector "está pensado como algo residual en la política estatal, donde el eje del sostén principal es la familia, y si no tiene recursos quedan en esta situación de desprotección".
Esta repartición aprobó en marzo una auditoría de gestión sobre la supervisión de establecimientos para adultos mayores que dio cuenta que de los 558 geriátricos privados registrados en la Ciudad, 89 (16 por ciento) fueron denunciados en 2013 a la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Adultos Mayores (UGOR), que depende del Ministerio de Desarrollo Social porteño, en algunos casos por más de una razón, dado que las denuncias suman un total de 108.
El principal motivo fue el maltrato, con el 28 por ciento de los reclamos; seguido por las fallas en el mantenimiento edilicio (19%), la falta de personal (14%) y los problemas de alimentación (9%).
El incendio del geriátrico en el barrio de Belgrano es investigado por el juez de instrucción Diego Slupsky y la fiscal Paula Assaro, quienes ordenaron diversas medidas preliminares.
Por el siniestro, la legisladora Gabriela Cerruti adelantó que su bloque presentará esta tarde un pedido de interpelación al jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta por entender que el hecho es consecuencia del "desmantelamiento de las políticas sociales y de control de la Ciudad".
Fuente: Télam
