Para ello presentó pruebas a las que la jueza consideró "inadmisibles" por estar presentadas "fuera de tiempo y forma" y convocó a una nueva audiencia para el miércoles próximo, en la que deberán concurrir el Procurador General de la Ciudad Julio Conte Grand y el Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor.
Las pruebas pretendían justificar que se había configurado una asociación ilícita antes de la toma del predio de Fernández de la Cruz y Pola, ocurrida el 24 de febrero de este año, con el fin de que se ocupen las tierras para luego venderlas a la gente de la propia villa con el propósito de obtener una ganancia.
La nueva audiencia fue convocada para las 10.30 en la sede judicial de la calle Tacuarí al 100 y la jueza puede resolver su competencia en el mismo momento o tomarse hasta cinco días de plazo para dar una respuesta.
Luis Duacastaella, defensor adjunto del pueblo porteño y representante legal de los ocupantes, dijo a Télam que "nos pareció inadmisible que la fiscalía pretenda justificar una asociación ilícita con los mismos ocupantes a quienes se los censó para incluirlos en un plan de viviendas".
"Esto es una contradicción muy grande, la jueza también lo entendió así, por lo que convocó para el miércoles al Procurador y al Defensor del Pueblo, quienes son los que llevaron adelante el censo el sábado pasado", destacó Duacastella.
"Me parece absurdo que a las mismas personas a la que se las acusa de una asociación ilícita, se las releve, en el marco de un acuerdo, para iniciar el proceso de urbanización de todo el predio", agregó, por lo que consideró el pedido de la fiscalía como "un nuevo paso hacia la criminalización de la protesta".
Juan Manuel Di Teodoro, abogado de Marta Yané, una de las imputadas como "partícipe necesario" en la toma, consideró que "si se hace lugar al planteo de la fiscalía sería un retroceso para la Justicia porteña. Esto es una maniobra de la fiscalía para disimular la deficiencia en la investigación y la falta de acreditación de los hechos".
"Es una maniobra para disimular que esta investigación va camino al fracaso, por eso tiran la pelota para arriba para que la justicia nacional sea quien cierre la causa", afirmó.
El letrado opinó que esta investigación "ni siquera es usurpación porque fue producto de una cadena de hechos que comenzaron con las promesas incumplidas de urbanización de la villa 20 y la construcción de viviendas tras la toma del parque Indoamericano. Si todo esto se hubiera cumplido no habría toma en Lugano".
La jueza dio un plazo a la Mesa de Crisis, integrada por el gobierno porteño, la asesoría tutelar de menores y la Defensoría del Pueblo, para que el 12 de junio le eleve un informe sobre las actuaciones que lleva adelante en el marco del acuerdo por la urbanización de la villa.
En caso de que la jueza López Iñiguez se declare incompetente y se cambie la calificación del delito de usurpación por asociación ilícita, las penas en la causa en la que ya está detenido con prisión preventiva el dirigente barrial Marcelo Chancalay y hay otros 12 imputados excarcelados, serían mucho más graves.
"En esta audiencia se incorporó un elemento nuevo que es el censo que se inició el sábado pasado producto de un acuerdo entre varias partes" dijo Di Teodoro.
"La seguidilla de promesas incumplidas del gobierno porteño es la muestra de un estado que le dio la espalda a las necesidades de la gente", añadió.
De acuerdo al relevamiento, unas 1.800 personas, 700 familias, se encuentran en el predio de más de diez hectáreas desde el 24 de febrero pasado, cuando en su mayoría habitantes de la villa 20, lindera con estos terrenos, decidieron ocuparlos ante la falta de viviendas.
Fuente: Télam
