Concretamente, las partes se comprometen a delinear el marco para establecer acciones sistemáticas de fortalecimiento de las bibliotecas populares con sede en la provincia, como también una mayor viabilidad de los trámites de regularización, con el aporte en conjunto de la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
Además, se informó que las acciones no implicarán erogación extraordinaria alguna para ninguna de las partes.
De acuerdo a lo informado por Rosales y Saadi, la provincia cuenta con alrededor de medio centenar de bibliotecas populares en funcionamiento, de las cuales un tercio se encuentra dentro del marco administrativo y legal vigente. “Se está trabajando fuerte en todo el ámbito provincia y en diferentes áreas de la vida institucional, promoviendo una regularización jurídica permanente para diversas instituciones que poseen una activa participación social”, expresó Rosales.
