Cesanteados de la dictadura

(DIARIOC, 24/11/2008) La iniciativa cuenta con despacho de la Comisión de Gobierno y Peticiones, pero aún no fue aprobada en asamblea por el Cuerpo de Concejales. En el instrumento, se recuerda que “a partir de la implementación de la tristemente célebre Ley 3090, el denominado proceso de reorganización nacional, sometió a los empleados públicos a uno de los más humillantes métodos de persecución política e ideológica, herramienta ésta que les sirvió para dejar a cientos de catamarqueños sin sus fuentes de trabajo, anulándoles a través de esta argucia política, la facultad constitucional de efectuar protesta alguna ante los estrados judiciales”.

En razón de ello, a partir de esta norma se pretende que el DEM “informe en un plazo de 30 días, sobre la totalidad de empleados de la Municipalidad y el Concejo Deliberante que fueron dados de baja durante el Gobierno de facto de la última dictadura militar, en el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”. Asimismo, se le solicita que realice un listado de ellos, donde consten datos personales, dependencia en la que prestaban servicios y motivos por los que fueron dados de baja”.

“Se trata de una inquietud de la Comisión de Derechos Humanos de Cesanteados de la provincia de Catamarca, necesitados de conocer en detalle la nómina de agentes públicos dependientes de este municipio y del Concejo Deliberante, perjudicados con esta disposición, a fin de emprender con mayor eficacia sus cometidos”, señaló Bustamante.