La propuesta consiguió rápido consenso y fue apoyada por Diputados de diversas provincias, atento a que es una problemática que afecta a la mayor parte de los jubilados de nuestro país.
En razón de ello, sostiene el legislador que “de la práctica de unirse y ayudarse entre iguales para hacer frente a los problemas comunes, surge el mutualismo. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) define a las Mutuales como “entidades sin fines de lucro, prestadoras de servicios, sostenidas por el aporte de sus asociados, actuando con seriedad y eficiencia de empresas, donde un grupo de personas asociadas libremente, bajo una forma legal específica, se reúne para solucionar problemas comunes, teniendo por guía la solidaridad y por finalidad contribuir al logro del bienestar material y espiritual de sus miembros”.
Asimismo informa que “en Argentina existen cerca de 4200 entidades registradas y alrededor 5 millones de asociados y deja en claro los principios que deben guiar a tales asociaciones, entre los que se destacan la Adhesión Voluntaria - en primer lugar-, Contribución acorde a los beneficios a recibir, Integración para el Desarrollo, entre otros”. Agrega “nada de eso ocurre y muy por el contrario la mayoría de éstas entidades, salvo contadas excepciones, se dedican al lucro y a prestar servicios financieros que, no vienen solos, sino que simultáneamente a la obtención del préstamo, se condiciona al jubilado a asociarse y pagar mensualmente un cargo denominado “cuota social”, entre otros. Dicha “cuota de socio” sobrevive a la extinción de crédito, y la particularidad es que en un más menos 97% de los casos persiste sin que exista la voluntad de titular en permanecer “asociado” a esa entidad que le otorgó el crédito. Esto, en la práctica, implica que miles de personas que ya han pagado sus deudas crediticias, todos los meses sean sometidas - en contra de su voluntad- a recortes de sus haberes al momento de la percepción, sin recibir ninguna contraprestación. Aunque no sean significativos los descuentos injustos duelen y produce en los afectados mucha indignación e impotencia”.
La gran mayoría del sector pasivo recurre a estos créditos porque son fáciles de acceder con mínimos requisitos. Dichos préstamos son otorgados en minutos, sin veraz, sin fiadores e incluso a domicilio con la única garantía de los débitos por planillas en sus recibos de haberes. Pero lo que sucede en la mayoría de los casos es que las entidades otorgantes del crédito desaparecen o no se encuentran en sus domicilios, dejando en situación de desamparo al socio que no tiene forma de renunciar a la “cuota social” que sobrevive ante la cancelación del crédito y les siguen descontando de su recibo de haberes .
Al respecto del tema, el representante del Frente de los Jubilados considero que “ esto deja en una situación de gran vulnerabilidad al sector y solicita que mediante la intervención de la ANSES se establezca un mecanismo automático a fin de que el beneficiario cese de pagar la cuota social una vez que ya ha cancelado el crédito, es decir, que a partir de ese momento no pueda descontarse de su planilla”.
Yazbek busca conseguir con este proyecto proteger al sector pasivo de estos asaltos a su buena fe y brindarles una garantía más para defenderse de la usura que persiguen algunos prestamistas inescrupulosos.
