"No eran operaciones financieras, sino que respondían a las necesidades de nuestra empresa"
Tras destacar que no teme quedar detenido, el ejecutivo, que también se ha desempeñado como presidente del Club Instituto Atlético Central Córdoba (IACC), afirmó que sobre el accionar de Bacar se hicieron "un montón de comentarios, que no se ajustan a la verdad y que sólo le hacen daño a la empresa".
Las primeras indagatorias comenzaron hoy con Barrera y con sus hijos Mariano Dan, Iván y Pablo, que están imputados por la presunta comisión de asociación ilícita e intermediación financiera ilegal a través de Bacar, que sólo estaba autorizada para operar como recaudadora de caudales.
Mientras tanto, para mañana fue citado el exfuncionario del gobierno provincial Pablo Michelini, que hace dos semanas dimitió como director general de la Asesoría Fiscal del Ministerio de Finanzas de Córdoba, tras haber sido imputado en la causa.
En el caso de Michelini, fue imputado por su supuesto carácter de socio de Blicen SA (administraba cajas de seguridad), que funcionaba en las dependencias de la firma Bacar, cuyas operaciones financieras son investigadas.
"El esquema sería muy similar entre Bacar, Bicen y CBI Cordubensis. Hay mutuos (préstamos) firmados que probarían la intermediación financiera irregular", explicó varias veces el fiscal federal Enrique Senestrari, que encabeza la investigación.
Por su parte, el abogado Carlos Nayi, que representa a ahorristas presuntamente perjudicados por las operaciones de CBI y de Bacar, manifestó varias veces que "se realizaron actividades de préstamos contrarias a la estructura legal vigente; es decir, eran sociedades que han trabajado al margen de la ley".
Nayi expresó que algunos de sus clientes denunciaron que, en 2008, "cuando comenzaban las operaciones de CBI, contrataron una caja de seguridad en la firma Bacar", ocasión en la que "Juan Carlos Barrera le ofreció captar dinero a cambio del pago de una tasa de interés variable, todo bajo apariencia de legalidad".
En el marco de la investigación por CBI Cordubensis, en marzo pasado, el fiscal Senestrari había encabezado allanamientos de cajas de seguridad de las firmas Blinbox y Bacar, en busca de documentación y prueba vinculada con los imputados.
En el caso de CBI, en el que hay nueve imputados por supuesta asociación ilícita, estafa, intermediación financiera clandestina, evasión tributaria y lavado de dinero, la firma estaba habilitada únicamente para operar en la administración de cajas de seguridad y no como entidad financiera, ya que no contaba con la autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Fuente: Télam
