En un principio, el Poder Ejecutivo, a cargo de la gobernadora Fabiana Ríos, había decidido avanzar con la obra realizando una contratación directa. Sin embargo, una orden de la Corte local lo obligó a rever la decisión y abrir el proceso licitatorio, como suele suceder en este tipo de proyectos.
La única empresa que se presentó a la convocatoria, Tierra del Fuego Energía y Química S.A, conformada mayoritariamente por capitales chinos, se quedó con la obra. Llamativamente, era la misma firma con la que el gobierno pretendía firmar el acuerdo evitando la licitación.
Según se informó, la empresa se comprometió a realizar una la inversión de u$s800 millones en tres años. Como contrapartida, el gobierno se comprometió a asegurarle la provisión de gas necesaria para cumplir con la actividad industrial a un precio de 1,80 dólares por millón de BTU, muy por debajo del precio internacional que actualmente ronda los 5 dólares.
El ex funcionario Oscar Suárez fue uno de los primeros en denunciar irregularidades en torno a esta obra. Antes de ser eyectado por el gobierno, había indicado que la provincia “no cuenta con los recursos para cumplir con el contrato”. Tras las críticas, Suárez fue removido de su cargo en la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
Otros dirigentes locales, como la diputada Liliana Fadul, del Partido Federal Fueguino y el legislador Damián Löffler, del Movimiento Popular Fuegino, cuestionaron que durante el tiempo que llevarán las tareas de construcción de la planta, 24 meses, la empresa china recibirá gas a un precio subvencionado por la Provincia, pese a que no esté en condiciones de iniciar con la actividad industria.
“Se abriría la posibilidad de que el gas sea vendido al exterior con una ganancia que capitalizaría la propia empresa china. Y, de esa manera, burlarían una prohibición nacional que existe de exportar un recurso escaso, como lo es el gas para Tierra del Fuego”, argumentaron.
Si bien la empresa indicó que no tiene en sus planes exportar el gas, tampoco han dado detalles sobre qué van a hacer con ese recurso durante los dos años que demandará la construcción de la planta, lo que levantó la polémica.
El legislador local Manuel Raimbault (ARI disidente) anunció el pasado 30 de septiembre que, junto a sus pares del oficialismo disidente, consideraron la necesidad de que se haga un plebiscito para que la sociedad decida si el parlamento debe ratificar o no el acuerdo para la venta e industrialización del gas de regalías, que el gobierno firmó con la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química SA.
Gabriel Clementino, integrante de la Multipartidaria, también objetó públicamente el nivel de compromiso que asumió la provincia para proveer de gas a una empresa china, sin atender las consecuencias a futuro que podría provocar el faltante de combustible.
Por lo bajo, todos los consultados se animan a decir que en realidad la provincia tiene otros motivos para avanzar con el acuerdo con la firma de capital china, entre ellos, la necesidad de conseguir fondos frescos a corto plazo para salir de algunos apuros financieros.
Fuente: Infobae
