Dirigiéndose a las autoridades, los manifestantes declararon que si bien en noviembre de 2009 adquirieron un inmueble ubicado sobre ruta 40 prolongación sur en La Cañada, el fiscal Flores es quien tiene la causa de prescripción adquisitiva en proceso, considerando que el lugar al momento de la compra presentaba bastantes lomas y zanjas que demandaban mucho tiempo y trabajo para ponerlo en condiciones.
“Automáticamente tomamos posesión y comenzamos a trabajar. Mientras esto sucedía, recibimos en varias ocasiones la visita de un señor de apellido Martel, que nos observaba teniendo en cuenta que en una oportunidad puso postes tomando 3 metros de terreno que supuestamente le pertenecían. Si bien en su momento lo dejamos pasar porque el terreno es grande y no nos pareció gran cosa, a medida que pasaba el tiempo y transcurrido más de un año y dos meses, este hombre llegó a usurpar gran parte de nuestro inmueble”, señala el documento elevado por los manifestantes.
Sin respuestas Ante este hecho, comentaron que concurrieron a la Justicia e hicieron las presentaciones correspondientes, sin embargo hasta la fecha no hubo respuestas al tema. “Nos sentimos terriblemente defraudados por el fiscal Flores, que viene dando muestras concretas de que hay un interés personal en este litigio”, recriminaron tras garantizar que fue la misma autoridad judicial quien concurrió al lugar en compañía de la familia Martel “actuando prácticamente como abogado particular”, según alertaron.
“No conforme con exhibirnos documentación, amenazó con imputarnos si llegábamos a sacar los postes que Martel puso, pero eso no es todo, ya que este hombre no solo esperó a que limpiáramos el terreno para usurparlo sino también sacó el cartel de prescripción adquisitiva existente en el inmueble cometiendo un grave delito”, repudiaron.
“Total atropello e impunidad” En diálogo con la prensa, indicaron que llegaron a esta medida “cansados de tanto atropello, teniendo en cuenta que aparte de funcionario también se dedicaría al negocio de inmuebles”, expresaron molestos.
“Nosotros compramos y actuamos de buena fe. Los tiempos de la Justicia son largos y nos vemos afectados, ya que si no viajamos a Capital Federal hasta fin de mes perdemos la posibilidad de que nos construyan las viviendas”, declararon los manifestantes, recordando tiempo y dinero invertido en el inmueble que abarca desde el desmalezamiento, combustible, peones, máquinas, anteproyecto y viajes de tramitación, entre otros.
