Mercado, ni bien comenzó la sesión, planteó la cuestión de privilegio a raíz de las derivaciones del rechazo al proyecto de ley que propulsaba la rescisión del contrato a la empresa Edecat, “iniciativa que excedía ampliamente las facultades del poder legislativo, ya que tal potestad le compete exclusivamente al Ejecutivo, y de haber prosperado constituía una grave e ilegitima acción de intromisión de poderes”, razonó la diputada.
“La constitución nacional y provincial, resguardan y garantizan el derecho inviolable en cuanto a las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de sus funciones los diputados y senadores. Los posicionamientos políticos en torno a este o cualquier tema que deba ser considerado y debatido no deberían someterse al escarnio público y al ataque descarnado que va más allá de mi representación legislativa, dirigida impiadosamente a mi dignidad como mujer y madre, atacada grosera y vulgarmente por otros legisladores de esta decorosa Cámara de Diputados”, sentenció.
Se preguntó “¿qué manual de procedimientos morales y éticos califica como juez de mis acciones y decisiones al diputado Fidel Sáenz?. ¿Desde qué pedestal me imputa ‘prostitución política’?. Y a otros ¿los faculta la militancia que tanto proclaman y que ostentan como reconocimientos público?”. Tras cartón, remarcó que “el tesón, la capacidad, el trabajo honrado, la solidaridad poco cuentan, en nombre de la política se instala como fiscal para pisotear, bastardear, difamar el buen nombre y el honor de las personas”.
Aclaró que no es parte de “ninguna oposición extorsiva”, defendió el derecho pleno de sus facultades para “discernir y decidir”, aseguró que como legisladora ha de obrar conforme “la prudencia y la razón”, y convocó a discutir “política en serio”.
“Esto marca una diferencia clara –acotó-, no soy parte de la dirigencia oportunista que asumido sus fracasos ensaya posicionamientos convenientes, aquí en este recinto y demagógicamente ante la ciudadanía; por ello no será la primera vez que me escinda de la oposición colegiada que se priva del debate profundo, que debiera abrir canales para que todas las voces se expresen y prefiere, en cambio, embestir a fondo para impedir gobernar, atentando con sutileza ladina contra los intereses de todos”.
Rechazó enérgicamente “estas prácticas” y con la misma vehemencia las acusaciones “dirigidas a mi persona, a mi dignidad y honor” y exigió “haciendo las reservas correspondientes, la inmediata reparación del daño moral producido por las declaraciones públicas del diputado Sáenz”.
Consideró que “cabe, por múltiples motivos, plantear una cuestión de privilegio, porque afecta los derechos de la legislatura colectivamente, su seguridad, dignidad y la integridad de su actuación y sus procedimientos, considerados desde la perspectiva de órgano representativo de los ciudadanos de la provincia. Y, en segundo lugar, porque afectan los derechos, reputación y conducta de los legisladores individualmente”.
Aseveró que “el espíritu de cuerpo no puede soslayar este grosero acto de violencia, ni encubrir conductas de esta índole en forma reiterada; no debemos convivir, ni con la violencia, ni con el mal trato”.
“Por lo que entiendo amerita plantear una cuestión de privilegio contra el diputado Sáenz. Y si no somos capaces de ponerle límites como diputados, por lo menos como hombres dignos y responsables, es necesario dar curso a esta cuestión de privilegio”, amplió.
