Agüero hizo mención a un pedido de informes que la comisión de Minería de Diputados resolvió elevar a la Secretaría de Minería de la Provincia para saber si las empresas mineras radicadas en Catamarca cumplen con lo establecido en la ley nacional de Inversiones Mineras en cuanto a los pagos para financiar políticas y programas para prevenir y subsanar eventuales alteraciones ambientales que provoque la actividad. Para el legislador, este pedido de informes no hace más que dilatar el tratamiento del proyecto de ley principal, que a su entender reviste una importancia central para el desarrollo de políticas ambientales en la provincia.
"Todos hablan de su preocupación por el medio ambiente. Creo que además de preocuparse hay que ocuparse del problema", dijo el legislador.
La ley nacional de Inversiones Mineras establece que las empresas del sector podrán aportar hasta una suma equivalente al 5% de sus costos operativos a un fondo creado para prevenir y evitar inconvenientes ambientales. Este aporte se deduce luego para el cálculo del Impuesto a las Ganancias que pagan las firmas, por lo cual no se ve alterada su ecuación económica.
El proyecto de Agüero apunta a que estos recursos sean administrados por la Provincia y no por la Secretaría de Minería de la Nación, como es actualmente. De esta forma, argumenta, se evitarían trámites burocráticos y se podrían implementar programas de prevención ambiental mientras el proyecto minero está en producción, sin esperar hasta que se produzca el cierre de mina.
La propuesta está ahora en la comisión de Minería de la Cámara baja, que preside el oficialista Pablo Gaffet, y recibió el visto bueno de la Asesoría Jurídica del cuerpo para su tratamiento. Agüero lo leyó ayer al fundamentar su moción.
El dictamen del asesor legal de Diputados destaca la posibilidad de que los recursos del fondo de prevención ambiental "se hagan efectivos al presente, y no esperar a que la Secretaría de Minería de la Nación, al cierre de mina, se aboque a evaluar y reparar". De tal manera, concluyó el funcionario, "se evitaría, en el hipotético caso de que se niegue la existencia de alteración ambiental, que la Secretaría exija el reintegro a la administración nacional de los fondos que deben atender las alteraciones ambientales, presentes y futuras que genera la actividad minera".
