(DIARIOC, 04/10/2010) En la Justicia Federal, tanto en Tucumán como en Catamarca, tienen la certeza de que la empresa Minera Alumbrera contamina, pese a que esa firma de capitales extranjeros, valiéndose de informes de -cuanto menos- dudoso rigor científico y legal, indica lo contrario.
Hace unos días se presentó en la Casa de Gobierno de Catamarca un estudio realizado por la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI) que asegura que no existe ningún indicio de contaminación ambiental en la zona donde esa empresa explota, a cielo abierto, un yacimiento minero, rico en oro y cobre.
"No encontramos evidencia de contaminación ambiental", remarcó el Doctor Daniel Stamboulian, titular de FUNCEI, una entidad creada en 1987 por un equipo multidisciplinario dedicado a la investigación y la docencia para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas.
Durante la presentación del informe, en un acto que contó con la presencia del gobernador de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, el infectólogo Stambulain aseveró que "con los datos que hoy en día contamos podemos decir que no encontramos evidencia de contaminación ambiental (ocasionada por la minería) que perjudique directamente la salud de la población".
El propio Mandatario catamarqueño sostuvo que el de FUNCEI "es un informe muy bueno, que determinó que afecciones como cáncer y Chagas no tienen nada que ver con la minería, por lo tanto la contaminación está descartada y eso va a llevar tranquilidad a ciertos sectores de la comunidad, que está confundida o estuvo confundida por versiones, mitos, mentiras y leyendas".
Qué dice la Justicia Federal
El fiscal general de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cuestionó las conclusiones sobre "contaminación cero" que sugiere el informe presentado en Catamarca.
En diálogo con EL SIGLO, el jefe de los fiscales federales en nuestra provincia advirtió "de ninguna manera se puede decir que Minera Alumbrera no contamina, sobre todo cuando los informes de la propia empresa revelan altísimos niveles de contaminación, si se tiene en cuenta los valores que fija la Ley 24.051 (de residuos peligrosos) en sus artículos 55 y 56".
Gómez también explicó que el estudio de FUNCEI "no tuvo en cuenta los valores de contaminación establecidos y tabulados por la Ley 24.051".
Por lo tanto, aclaró que "ese informe no vale para la Ley Ambiental que marca topes claros respecto a lo que está permitido y lo que está prohibido. Es un informe desde el punto de vista científico-médico, mientras que la Justicia Federal pretende una acción penal-ambiental fundada en otros parámetros muy distintos a un estudio sobre el impacto o no de la actividad minera, desde el punto de vista médico, en la salud de las personas", puntualizó.
El Fiscal General Federal recordó que el vicepresidente de Asuntos Públicos de Xstrata Cooper, la operadora de Minera Alumbrera, Julián Patricio Rooney "fue procesado en Tucumán, justamente, por violaciones al artículo 55 de la Ley 24.051".
El directivo de la compañía minera fue acusado en 2008 por la contaminación (daño ambiental) producida en el canal de desagüe DP2, en la ruta provincial 302, de la localidad tucumana de Ranchillos. En dicho curso de agua se vierten los efluentes de la planta de filtrado del concentrado de mineral del yacimiento Bajo La Alumbrera, ubicado en Catamarca, que es explotado por esa empresa.
Actualmente, el caso está en manos del titular del Juzgado Federal Número 2 de Tucumán, Mario Agustín Racedo, quien en los próximos meses debe resolver si eleva o no a juicio oral la causa.
Dudas en Catamarca
Por su parte, el fiscal federal de Catamarca, Santos Reynoso, sostuvo que hay una alta sospecha de que la minería a cielo abierto contamina, a partir de una investigación penal que se tramita en esa provincia contra Minera Alumbrera.
El funcionario judicial cuestionó los resultados que dio a conocer recientemente FUNCEI sobre "contaminación cero", porque dijo que "de ser así, la causa (contra la firma) estaría archivada".
En declaraciones a radio Valle Viejo, citadas por el diario El Esquiu de Catamarca, el fiscal señaló que la causa se encuentra en la etapa de instrucción, a cargo del Juez Federal Ricardo Moreno, y dijo que existen numerosos elementos de prueba sobre el daño ambiental que estaría ocasionando esa firma de capitales extranjeros.
Además, Reynoso afirmó que están pendientes de producir otras medidas procesales que fueron solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, que "son necesarias para el avance de la investigación". En ese contexto, señaló que, de acuerdo con el estado procesal, "existen serias sospechas de contaminación como consecuencia de la actividad minera que lleva adelante la citada empresa.
Agregó que a partir de estas sospechas en reiteradas oportunidades solicitaron la declaración indagatoria del máximo responsable de la empresa minera, "aunque esto depende exclusivamente del juez", enfatizó.
El fiscal sostuvo que las mayores sospechas "fundadas" hacen referencia a niveles altos de sulfato en el agua, por encima de los niveles permitidos (por la Ley de residuos peligrosos).
A partir de estas investigaciones, Reynoso puso en duda el informe de FUNCEI que sostiene que la actividad minera no produce ningún tipo de contaminación en Catamarca. "Lamento decirle que para la Justicia Federal y en particular para esta Fiscalía no podemos opinar de la misma manera. Ya que si así fuera la causa se encontraría archivada y desestimada", recalcó.
Sobre el mismo tema, consideró necesario incorporar el informe de la Fundación para poder cotejar con todos los informes que fueron adjuntados a la causa abierta contra Minera Alumbrera. "Si cotejado esto se comprueba que no hay contaminación, lo diremos", subrayó.
Finalmente, el fiscal catamarqueño aclaró que no habla de una posibilidad de condenar a la empresa, "sino que no podemos afirmar en esta instancia que no existe contaminación en la provincia".
¿Coincidencia?
Resulta al menos llamativo que el polémico informe que señala que la minería a cielo abierto no contamina haya sido presentado justo en medio del debate y posterior aprobación, en el Congreso de la Nación, de la Ley de Glaciares, que le pone freno a esa actividad en protección de los recursos naturales. De hecho, las empresas del sector ejercieron fuertes presiones para frenar la sanción de esa norma. Además, sus directivos participaron del debate en previo en las reuniones de la Comisión de Ambiente del Senado, donde defendieron sus intereses con vehemencia, afianzándose a la generación de empleo y las grandes inversiones como argumentos centrales.
Algo que inquietó a los representantes de organizaciones ambientalistas la presencia de Rooney en el Senado el pasado miércoles, cuando comenzó a debatirse el proyecto, finalmente aprobado en una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada del jueves.
La ley aprobada por el Congreso protege a los glaciares y a los suelos congelados como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, obliga a los yacimientos mineros a someterse a un estudio para mensurar el impacto ambiental de las tareas que realizan.
Fuente:elsigloweb.com
DESCONFIANZA
Por: JUAN PABLO el 04-10-2010 a las 12:33