Este proyecto de ley incorpora un artículo, el 226 bis, en el Código Procesal Penal de la provincia, que habilita a una juez a destinar los inmuebles al financiamiento de los centros de prevención y rehabilitación, coordinados por organizaciones no gubernamentales.
"Queremos que donde funcione un kiosco del narcotráfico, comience a funcionar un lugar para la prevención de la drogadicción. Los bienes vinculados a este negocio serán destinados para generar mayor prevención y contención para los jóvenes que hoy cayeron en manos de la droga", subrayó.
Y a modo conclusión, aportó: "Esta Argentina combate como nunca antes a quienes destruyen la vida de nuestros jóvenes. Desde la provincia fomentamos la organización popular para enfrentar los problemas que genera el narcotráfico".
Fuente: Télam
