De aplicarse la ordenanza tal cual fue sancionada, quedarían excluidos del beneficio alumnos cuyas familias se encue! ntran en una situación social crítica por el sólo hecho de vivir en un barrio del IPV. Precisamente la actual posición municipal es reemplazar en la ordenanza el indicador de las necesidades básicas insatisfechas, que mide infraestructura, por otro que mida la pobreza, y que podría extraerse de la Encuesta Permanente de Hogares
Además, la Municipalidad considera que no pueden permanecer ajenas al debate las propias empresas del transporte o a áreas del gobierno provincial, como la Dirección de Transporte, que el organismo de aplicación en materia de transporte público, o la Dirección de Educación.
El secretario de Gobierno de la comuna, Pablo Magini, lamentó que algunos sectores hayan instalado el tema en los medios antes de que se avanzaran en l! as conversaciones para la reforma de la ordenanza, generando expectativas, todavía infundadas, en los futuros beneficiados por la aplicación de la normativa en cuestión.