El texto, además, contempla la declaración del subte como "servicio público esencial" y también la emergencia de la red por cinco años, lo que posibilitará al Ejecutivo contar con herramientas por fuera de los canales tradicionales para, por ejemplo, la utilización de partidas o arreglos de unidades.
Asimismo, establece un período de 90 días, desde el 1 de enero, para abrir negociaciones con Metrovías, la actual empresa gerenciadora, con el fin de acordar su continuidad o bien fijar otro operador o un nuevo esquema mediante el cual el servicio sea operado por una Sociedad Anónima que esté integrada totalmente por el Estado porteño.
En tanto, la ley, que deberá ser analizada por las comisiones parlamentarias y podría ser debatida en una sesión especial de la Legislatura, no contempla subas en la tarifa del pasaje; al tiempo que elimina la vigencia de los actuales contratos con los servicios denominados "colaterales" de la red, como las publicidades, los kioscos y alquileres de comercios.
Fuente: Télam
