La iniciativa abarca además a las actividades desempeñadas en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial, municipal, entes autárquicos y descentralizados, empresas con participación accionaria del Estado, provincial y municipal. Serán bienes jurídicamente protegidos por la ley el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud física y mental de los trabajadores del sector público y la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral.
La misma será de orden público y comprenderá a los funcionarios de los tres poderes del Estado, a los integrantes de la Corte de Justicia y demás magistrados, integrantes del Ministerio Público, diputados, senadores, intendentes y concejales de municipios que no posean carta orgánica, personal de planta permanente y no permanente, becarios, pasantes y contratados por locación de obras o de servicios de cualesquiera de los poderes del Estado provincial o municipal, sus entes autárquicos y descentralizados.
La propuesta legislativa, que también se encuentra radicada en la comisión de Legislación General, invita a adherir a los municipios con carta orgánica, y también hace lo mismo con las organizaciones sindicales y cámaras empresariales a que incorporen los principios inspiradores del proyecto de ley a las actividades laborales que se desarrollen en el ámbito del sector privado.
