“El estado de derecho impone el respeto por los derechos humanos y el cambio del modelo de detención, similar al propuesto en el “X Congreso de Justicia Penal” de la ONU”, indica el informe oficial.
Agrega que “las responsabilidades del Estado incluyen la preparación del detenido para su reinserción social y, para ello, debe proveer asistencia médica y judicial, y condiciones que permitan la rehabilitación de la identidad de un individuo”, en sintonía con las iniciativas del gobierno provincial.
La iniciativa presentada por ambos programas es el comienzo de una nueva era, en la que los prisioneros puedan sentirse como en casa, respetando los derechos humanos y gastando menos dinero que si los países invirtieran en la construcción de modelos de prisión tradicionales”, subraya el texto.
Asimismo, detalla que “en términos económicos, el gobierno gastará tres millones de dólares en la construcción de casas para mil personas, mientras que la construcción de una prisión convencional costaría cincuenta millones de dólares” según informa el Diario Popular.
Cabe señalar que el Programa Justicia Penal fue creado en 1991 para ayudar a canalizar información científica y profesional, difundir conocimientos e intercambiar datos sobre el crimen entre los países miembros de las Naciones Unidas. (Infobae)
