La intención declarada de expulsar a los diputados radicales de Entre Ríos merece ser calificada como un golpe de estado institucional, destinado al único y exclusivo propósito de apoderarse del gobierno provincial antes de la terminación normal del mandato del actual gobernador.
Los diputados justicialistas de la Provincia de Entre Ríos, apoyados por un grupo de disidentes, amenazan con decretar la expulsión de todos los integrantes del Bloque de Diputados provinciales de la UCR, apoyándose en el falso argumento de que la ausencia de éstos últimos impide el normal funcionamiento de la Cámara.
En realidad, lo que esos diputados pretenden es crear las condiciones para desplazar al Gobernador de la provincia por medio de un juicio político para el que no tienen el número suficiente. Las invocadas ausencias son solo una excusa: está claro que la ausencia de los diputados radicales está referida exclusivamente al tema del juicio político y no es otra cosa que el uso legítimo de un instrumento parlamentario habitual.
La intención declarada de expulsar a los diputados radicales merece ser calificada como un golpe de estado institucional, destinado al único y exclusivo propósito de apoderarse del gobierno provincial antes de la terminación normal del mandato del actual gobernador.
Pero esa violación institucional aparece agravada por una circunstancia que descalifica definitivamente la intentona: la Justicia ha hecho lugar a un recurso de no innovar que los diputados justicialistas pretenden ignorar. Por lo tanto, además de utilizar torcidamente los argumentos que justifiquen una expulsión, los justicialistas están desconociendo una resolución judicial expresa y clara.
Una de las razones de la crisis que atraviesa la Argentina y del desprestigio de la política y de los políticos, es que la ambición de poder personal o sectorial muchas veces supera los límites legales y destruye la convivencia democrática.
Este Comité Nacional denuncia la situación, convoca al ejercicio responsable de las ocasionales mayorías parlamentarias en el ámbito provincial y exige del Presidente de la República y del Ministro del Interior una rápida y eficiente intervención para evitar un nuevo desborde institucional.
En democracia, el poder solo se conquista con el voto y los plazos constitucionales deben respetarse. Cualquiera sea la dimensión de la crisis económica provincial, una violación de este tipo no hará otra cosa que agravar la situación y ampliará la brecha entre el pueblo y la política. Es imprescindible entonces, encontrar el espacio para un diálogo civilizado que consolide las instituciones de la Provincia de Entre Ríos.
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2002.
