Gestamp calificó a ese instrumento legal de "injusto" porque "pretende igualarnos con un grupo de violentos que no quiere que se resuelva nada".
"Somos muy respetuosos del marco jurídico que regula las relaciones laborales en la Argentina, pero nos parece inaudito tener que ceder a la extorsión de nueve personas que han cometido actos delictivos", sentenciaron en diálogo con Télam.
Los mismos voceros de la empresa aseguraron además que la norma tomada por el gobierno bonaerense "llega tarde y no resuelve el conflicto de fondo", con lo cual advirtieron que evaluaran "seriamente los pasos a seguir".
"Hasta donde sabemos no estaríamos obligados a acatar la medida en estas condiciones", indicaron.
Asimismo, la autopartista española expresó su "preocupación por el clima generado por la medida dispuesta en la gran mayoría de los 800 trabajadores que fueron impedidos de concurrir a sus puestos de trabajo y que, en muchos casos, fueron extorsionados para sumarse a la ocupación ilegal de la planta".
Con respecto al futuro del conflicto, la compañía aseguró que "analizará en detalle la medida" dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense y que confía "plenamente en la Justicia" para la resolución de esta situación.
Este mediodía, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango, dictó la conciliación obligatoria para el conflicto en la planta de la autopartista Gestamp, ubicada en el partido de Escobar.
El anuncio se conoció minutos después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hiciera mención a la situación durante un acto en la localidad santacruceña de Río Gallegos y pidiera a los "compañeros trabajadores" y a las autoridades de la provincia de Buenos Aires "que se hagan cargo" y resuelvan el conflicto.
Fuente: Télam
