La decisión de De la Sota de "dejar sin efecto" las clausuras de la TDA que había dispuesto la administración provincial se conoció antes del fallo judicial, que dispuso que se restituya el servicio y otorgó un plazo de 60 días para normalizar y completar los trámites que fija la ley cordobesa 7343.
"Son muy complejas las decisiones que ha tomado el gobernador y que sigue tomando con respecto a la relación con el Gobierno nacional, con pretensiones de independencia con respecto a las políticas nacionales que van en desmedro de los intereses de los cordobeses", manifestó Martín Fresneda.
Dijo además que "claramente, de la resolución judicial surge que la Secretaría de Ambiente de la provincia no había detectado ningún tipo de impacto ambiental, ni aspectos que pudieran lesionar la salud de los habitantes ni tampoco había una situación inminente para tomar decisiones de esta naturaleza como la que está en cuestión".
Fuente: Télam
