El debate oral y público puso al descubierto el funcionamiento del aparato represivo, los grupos de tareas y las distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que actuaron como parte del plan represivo.
Se determinó de qué forma actuaron los "grupos de tareas" en la región del Alto Valle de Río Negro y en la provincia de Neuquén y el funcionamiento de centros clandestinos de detención y tortura como por ejemplo "La Escuelita", en el batallón militar de Neuquén; la delegación local de la Policía Federal y las comisarías de las ciudades de Cutral Có, en Neuquén y de Cipolletti, en Río Negro.
El abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén -APDH- (entidad querellante) Juan Cruz Goñi dijo a Télam que "en Neuquén, a 37 años del golpe de Estado nos encontramos en medio de un proceso de juzgamiento que se inició en el año 2008 en el que se condenó a un conjunto de genocidas por crímenes cometidos contra más de 100 víctimas en el alto valle de Río Negro y Neuquén".
Señaló que "próximamente tendremos en el banquillo de los acusados a tres prófugos de la justicia que deberán responder por su participación en crímenes cometidos contra numerosas víctimas".
"El enjuiciamiento de los responsables de crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar genocida es una conquista histórica del movimiento de los derechos humanos", afirmó.
Opinó que "como todo proceso social es complejo; tiene sus avances y sus retrocesos. Pero la vocación de justicia que sienten sobrevivientes, militantes y la sociedad en general no tiene vuelta atrás".
Agregó que "los juicios suponen para nosotros el difícil desafío de luchar para que la verdad histórica se convierta en verdad judicial. Es decir, exigir que los tribunales reconozcan la magnitud y el alcance del plan criminal genocida y condenen de forma contundente a sus autores".
"También -indicó- la lucha por la justicia es parte de una disputa mayor por la significación y la valoración atribuida, en esta coyuntura, a los hechos del pasado. Es por ello que entiendo que la atrocidad de los crímenes masivos cometidos al amparo del aparato estatal merece la más enérgica de las respuestas del orden jurídico".
El Tribunal Oral Federal deberá fijar la fecha para juzgar a tres represores que permanecieron prófugos varios años.
Son el ex comisario de la policía de Neuquén, Héctor Mendoza, detenido en Paraguay en 2010; el ex subjefe de la delegación Neuquén de la Policía Federal Argentina, Jorge Alberto Sosa, detenido en España en 2009 y extraditado luego a nuestro país y el ex agente de Inteligencia del Ejército, Jorge Di Pascuale, detenido en 2010 en Buenos Aires.
Fuente: Télam
