En la última sesión, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de comunicación por el que se solicita la puesta en funcionamiento de cámaras federales de apelación en distintas provincias, siendo Catamarca una de ellas. La iniciativa corresponde al senador Jorge Agúndez (UCR San Luis) al que adhirieron Eduardo Brizuela del Moral y M. Colombo(FCyS-Catamarca), Miguel Picheto, titular del bloque de senadores peronistas; Carlos Maestro, presidente del bloque de senadores radicales; Eduardo Menem (PJ La Rioja); José Luis Gioja (PJ San Juan y presidente Provisional del Senado) y Liliana Negre de Alonso (PJ San Luis), entre otros.
La ley 25269 dispuso que los tribunales orales en lo criminal y correccional que están en funcionamiento en esas provincias pasarán a constituirse y llamarse Cámara Federal junto con el nombre de la jurisdicción provincial correspondiente (Cámara Federal de Catamarca, por ejemplo)
Es importante la puesta en funcionamiento de estos tribunales, porque la jurisdicción de alzada en estas provincias, se encuentran radicados en provincias vecinas (cabezas de departamentos judiciales) lo que representa para ellas, además del costo material y humano, ser juzgado por jueces de otra jurisdicción.
Ello ha planteado inconvenientes permanentemente por cuestiones de competencia pues la ley está vigente pero no así los tribunales que deben aplicarla.
La puesta en marcha de la ley 25269 que habilita a los Tribunales Orales como Cámaras Federales, consolida el sentido federal de la forma de gobierno y un verdadero afianzamiento del servicio de justicia.
