La resolución, promovida por el bloque de senadores del FCYS, requiere además al Ejecutivo Provincial, instruir al organismo que corresponda, analizar la factibilidad de iniciar las acciones judiciales y/o penales que pudiesen corresponder por la denuncia pública efectuada por el intendente de Bañado de Ovanta, sobre vehículos adquiridos por el Estado, inscriptos a nombre de funcionarios públicos como bienes particulares. Si bien tanto el bloque del PJ como el del FPV, votaron por la negativa, igualmente la iniciativa parlamentaria fue aprobada y tendrá el trámite pertinente.
Al fundamentar la resolución el senador Luis Rodriguez dijo que “ante denuncia pública efectuada a través de la prensa local, por el Intendente de Santa Rosa, sobre que vehículos del Estado adquiridos con destino al uso de las reparticiones publicas, estarían registradas en forma particular a nombre de funcionarios y empleados de la administración, es necesario, a pesar de los antecedentes del denunciante y de su obrar rayano en lo delictivo, contar con un informe oficial que detalle los vehículos adquiridos por los organismo del Estado, su inscripción en el Registro Nacional Automotor donde consta la titularidad del dominio, Administración General de Rentas y su incorporación al patrimonio del estado Provincial en el periodo 2010-2011”.
El senador dijo que con el pedido de informes se pretende “esclarecer fehacientemente situaciones de descrédito que afectan el buen nombre y honor de funcionarios y empleados públicos y que echan sombras y dudas del manejo administrativo que hace el Gobierno Provincial”.
También que “es criterio compartido, que los organismos pertinentes deben iniciar acción judicial o penal contra el falaz denunciante que aprovecha la libertad de expresión imperante en esta Provincia, para difamar, calumniar enlodando la honra de las personas. No se puede y con total desvergüenza e irresponsabilidad hacer denuncias públicas que afectan la integridad moral y la conducta de los ciudadanos, sin tener que responder ante la justicia por ello”, dijo el senador de Antofagasta de la Sierra.
Insistió que “independientemente de la catadura moral y de los antecedentes del intendente denunciante, es necesario contar con el informe oficial sobre este tema.
