El decreto 1674/2012 lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y del ministro de Justicia, Julio Alak.
En su primer artículo, la norma advierte que "los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales que hasta esa fecha se encuentren depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires continuarán en dicha entidad hasta la extinción de las causas que le dieron origen y como pertenecientes a ellas".
"En las causas en trámite ante los tribunales nacionales y federales que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tengan cuentas abiertas en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, los depósitos judiciales continuarán realizándose en dicha entidad y se mantendrán unificados hasta la extinción de las causas que le dieron origen", se agregó.
La ley, que "entrará en vigencia a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial", fue aprobada el miércoles en el Senado por 38 votos a favor del oficialismo y 25 en contra de todo el arco opositor, sin abstenciones.
En tanto, el gobierno porteño confirmó que recurrirá a la Justicia para tratar de impedir que entre en vigencia la flamante normativa, por considerar que es "injusta y que atenta contra la posibilidad de la gente".
"No sólo es una medida política sino una medida que va en contra de todos aquellos que querían acceder a un crédito en el Banco", señaló la vicejefa comunal, María Eugenia Vidal.
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