La palabra de esa organización fue tomada por cierta, sin cuestionamientos alguno, por medios locales como el portal de noticias Infobae que tituló: "Venezuela y Argentina, entre los países con mayor impunidad política".
Sin embargo, en la misma nota se desnudan algunos aspectos metodológicos dudosos sobre la elaboración del índice dado que se asegura que para su construcción "la organización combina información de estadísticas oficiales, con un cuestionario suministrado a especialistas de distintas disciplinas (unos 300 por país), y una encuesta a la población en general".
En diálogo con Télam, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Sergio Caletti, advirtió que este tipo de estudios se han hecho comunes en los últimos años a pesar de que "no aportan la información completa y no remiten a dónde encontrar los criterios metodológicos, lo que lo envuelve todo en una falta de seriedad, tanto a la ONG como al medio que publica el informe".
Caletti, quien además es uno de los más importantes teóricos de la comunicación del país, también cuestiona que la muestra "está basada en opiniones de personas que no está claro cómo han sido seleccionadas".
El académico indicó que en el caso de Argentina, de los presuntos 300 "especialistas de distintas disciplinas" que el trabajo afirma haber consultado por nuestro país, solo nombra, excluyendo los "colaboradores anónimos", a 24 "y las dos universidades que figuran son privadas, la UCA y la de San Andrés. Ambas son respetables pero no se explicita el criterio de selección, ya que bien podría estar consultada la Universidad de Tinogasta o la de Villa María".
En la misma nota se desnudan algunos aspectos metodológicos dudosos sobre la elaboración del índice
"La construcción de estos ranqueos, metodológicamente hablando, son tautologías, ya que en sus premisas ya están sus resultados" señaló Caletti, y concluye que la intención de este trabajo en particular "es dar a entender lo mal que esta América Latina, sobre todo países como el nuestro, que generaron algún tipo de proceso de transformación".
Para citar algunos ejemplos, uno de los consultados es Marcelo Bombau, cuyo nombre aparece sin referencia organizacional alguna: se trata del presidente de la empresa Torneos y Competencias quien se opuso abiertamente al proyecto oficial de transmisión de fútbol a través de la televisión por aire.
"Lo más democrático es que el que quiera ver fútbol lo pague", fue la frase que popularizó el promotor de la televisación del fútbol a través de un sistema codificado.
Otro de los nombres que aparece en la lista de "especialistas" es el de Roberto Durrieu, subsecretario de justicia de la dictadura y abogado de Juan Carlos Blumberg.
En una nota publicada en 2004, el diario Página/12 recordó que Durrieu "fue firmante de una solicitada en solidaridad con Jorge Rafael Videla, quien ya había sido condenado por violaciones a los derechos humanos" y que "entre 1976 y 1978, Durrieu había sido fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, cuando el general Ramón Camps dirigía la Policía Bonaerense".
Otra de las personas que aparece en la lista de colaboradores con el informe es el abogado Adrián Tellas, quien es conocido por defender a represores de la última dictadura militar y ser miembro del estudio Orgeira que defendió a Roberto Viola en 1985.
Durante el juicio al comisario retirado Carlos Gallone por la Masacre de Fátima en 1976, Tellas -abogado defensor del represor-argumentó que los delitos de lesa humanidad "estaban prescriptos" y que las violaciones a los derechos humanos "son amnistiables" y pidió la nulidad del caso.
En el listado de contribuyentes no anónimos se destaca la cantidad de abogados pertenecientes a estudios jurídicos de renombre y que ejercen la docencia tanto en la universidad de San Andrés como en la Universidad Católica Argentina.
Entre las empresas y personas que aportan capital para la organización que impulsó el informe, figuran nada menos que la empresa a la que patrocinó legalmente el fundador de World Justice Project, Microsoft Corporation, y la Fundación Bill & Melinda Gates.
Fuente: Télam
