Debemos legislar y no hacer circo

Señaló que“dado que en el expediente se incluye también una cédula judicial de abril de este año donde se hace constar que el señor Aldo Cesar Hugo Nieva ha cesado en sus funciones como juez federal y queda desde su asunción todo este trámite como nulo, lo que resolvió por mayoría la comisión es solicitar por nota actualmente al juzgado Federal cuál es el trámite de la causa y cuál es la situación de ese pedido de desafuero”

Asimismo, atribuyó la presencia en la reunión de ayer de legisladores justicialistas que no pertenecen a la comisión a que“se está queriendo transformar la verdad real mediante una desinformación a la comunidad de cómo han sido estos hechos, lo que se está haciendo es querer seguir planteando circos para atentar contra el decoro que tiene este poder del Estado, cuando deberíamos estar ocupados en los trámites y  proyectos que hacen a nuestra comunidad, legislando para nuestra comunidad y no haciendo estos circos a los que nos tiene acostumbrado la oposición” 

Cadó comentó que, durante la reunión, Villafañe“ha informado acabadamente a la comisión, con copia a cada de los integrantes, respecto a cuál fue el trámite parlamentario dado en esta Cámara al expediente, y de las copias surge claramente que se hizo el trámite que corresponde de acuerdo a la ley nacional 25320, Ley de Fueros, que la menciona el entonces juez Aldo Cesar Hugo Nieva que ordena enviar el oficio al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales el 28 de noviembre del 2002”
“El secretario parlamentario aclaró perfectamente cuál es el trámite de rigor que establece la Ley de Fueros en su artículo 2º, es decir la solicitud de desafuero debe ser girada de manera inmediata a la comisión de Asuntos Constitucionales. Esa comisión, lo fija la Ley de Fueros y así lo dice el juez federal, debe expedirse de acuerdo a ese artículo 2º, que dice que la comisión en el plazo de 60 días debe emitir dictamen”, amplió.

Explicó que“emita o no dictamen la comisión, la Cámara lo puede tratar dentro de los 180 días después de emitido o no el dictamen. Ese es el procedimiento, es decir con una claridad y una transparencia que obra en la documentación que acompañó la Secretaría Parlamentaria de que el trámite ha sido en tiempo y forma evacuado por la Secretaría Parlamentaria y de donde surge que evidentemente, si tenemos en cuenta que la comisión de Asuntos Constitucionales ha tenido su última reunión el 25 de noviembre del 2002 y el oficio ingresó el 28 de noviembre, indudablemente ese expediente recién fue tratado por la comisión el día de ayer a pedido de los miembros de la comisión”
“El presidente de la comisión (Juan Ramón Moya) teniendo conocimiento del oficio remitió nuevamente a la Secretaría

{adr}Parlamentaria para el trámite de rigor, ante lo cual la Secretaría Parlamentaria, con evidente claridad, le establece que el trámite de rigor, según el oficio del señor juez y según la Ley de Fueros, es la que establece el artículo 2º, es decir la radicación en la comisión de Asuntos Constitucionales”, agregó.

Cadó, consideró que en realidad Moya lo que debió haber hecho antes de generar toda esta situación, son dos cosas,“en principio citar a la comisión para que los miembros  de la comisión tomen conocimiento de este oficio que le había llegado a él, y en segundo lugar, él mismo -como miembro de esta Cámara- en las sesiones que se han hecho hasta la fecha podría haberlo puesto en conocimiento de la Cámara”