La resolución benefició a Carlos Carranza Casares, Beatriz Areán y Carlos Bellucci, integrantes de la sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Los magistrados del fuero civil fueron denunciados por María Jael Ordóñez y Julián Ortuondo, pero la Sala IV de la Cámara del Crimen expuso que la disconformidad con las decisiones de los jueces "en modo alguno puede dar origen a una causa penal en contra de aquéllos".
Los camaristas en lo penal Mariano González Palazzo, Carlos González y Alberto Seijas recordaron que los denunciantes podían utilizar las correspondientes "vías recursivas" para intentar que se modificaran decisiones contrarias a sus expectativas.
El tribunal penal destacó, además, que no se cometió abuso de autoridad porque "la actividad desarrollada por los integrantes de la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil se ajustó a la Constitución Nacional y a las leyes pertinentes"´.
Fuente: Télam
