En la nota mandada a los miembros del Consejo Directivo, firmada por Moyano, se atribuye la decisión de suspender la reunión a la falta de “datos e información fidedigna sobre el Acuerdo Social pergeñado por el Gobierno”. Según publicó La Nación, la excusa de la cancelación apuntó a que "no hay avances" en el pacto social alentado por el Gobierno y que "debería ampliarse el temario y no limitarse exclusivamente a la discusión de precios y salarios".
Los sindicalistas quieren que se incorporen al debate el aumento del mínimo no imponible, la fijación de un mayor tope salarial para otorgar asignaciones salariales y el reclamo por la participación de los trabajadores en las ganancias empresariales.
Sin embargo, como ya se dijo, el verdadero motivo de Moyano es perjudicar el avance del pacto social como forma de presionar a la Presidenta y al Gobierno.
Es que el sindicalista no está nada contento con la situación actual. Según trascendió, durante su estadía en Mar del Plata la semana pasada, Moyano amenazó con “sabotear” el pacto social si el Gobierno no le brindaba cobertura en las causas judiciales en su contra que investigan los jueces federales Claudio Bonadío y Norberto Oyarbide, que habían “llegado demasiado lejos”. Después de esa reunión, Moyano pidió reunirse con Cristina Kirchner (que participaba de la Cumbre Iberoamericana), pero la Presidenta respondió que no tenía tiempo, según se pudo saber.
Según la nota publicada en La Nación, el sindicalista explicó a sus pares que sentía que el Gobierno le estaba soltando la mano en la investigación de los remedios falsos y que eso había llegado "demasiado lejos".
Moyano explicó a dirigentes de cuatro gremios, que tenía conocimiento de que esta semana el juez Claudio Bonadío podría procesar a su esposa, Liliana Zulet, al frente de la gestión de la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca). Sin embargo, en las cercanías del camionero descartan que eso pueda ocurrir.
En este sentido, según expresó la nota de Ámbito Financiero, la sospecha del camionero apunta a que la Casa Rosada incentiva o deja hacer a los magistrados, como parte de una estrategia para condicionarlo en términos políticos. Esta maniobra atribuida a Aníbal Fernández, a quien le imputa le imputa una amistad con Bonadío, y una relación zigzagueante con Oyarbide.
Por lo pronto, habrá que ver cuál es la respuesta del Gobierno a la presión sindical, y si los reclamos de Moyano se concretan o no. Mientras, el pacto social parece cada vez más lejano. (La Política on line)
