En el proyecto presentado en la Cámara de Diputados y girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Collantes considera que la Ley de Coparticipación Federal - Ley 23.548 - establece en sus artículos 3° y 4° la forma en que deberán ser distribuidos los montos resultantes de la recaudación de los Impuestos Nacionales mencionando que, sin embargo, el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) creado por la ley 25.348 ha quedado por disposición especial, fuera del esquema de coparticipación.
"Así, a pesar de que el ITF se encuentra dentro de los Impuestos que integran la masa coparticipable (art. 2º de la ley 23.548), el artículo 3° de la citada Ley 25.348 establece que el 70% (setenta por ciento) de lo recaudado en concepto del Impuesto a los Créditos y Débitos de las Cuentas Corrientes tiene como destino el Tesoro Nacional. Tan sólo el 30% (treinta por ciento) restante queda sujeto a la distribución establecida en la Ley de Coparticipación Federal. Dicha disposición resulta a todas luces contraria al espíritu de nuestra Constitución Nacional y vulnera los principios del federalismo, ya que detrae sin fundamento alguno, una importante cantidad de recursos que debieran tener como destino las arcas provinciales. Esta situación es la que se pretende corregir mediante el presente proyecto de Ley", especifica Collantes.
En ese cuadro hace notar que en el actual marco de superávit fiscal enunciado por el Poder Ejecutivo Nacional, "no tiene razón de ser que este impuesto no sea coparticipable". Y sostiene: "Debemos recordar que el federalismo requiere una distribución de los ingresos públicos que permita el desarrollo social y productivo de toda la Nación".
Collantes plantea enérgicamente que así las cosas, "es ilegítimo que la Nación retenga para sí tan elevada proporción del producido de este impuesto. Consideramos que estos recursos deben ser plenamente coparticipables".
A su vez entiende como inaceptable que pese a tantas iniciativas que se han presentado hasta la fecha, "esta situación se mantenga sin subsanar, atentando terriblemente contra el federalismo, las autonomías provinciales y así contra la Nación en su conjunto".
Por ultimo, también impulsa la derogación de la limitación a la validez de los pagos en efectivo por montos superiores a $1.000, "ya que esta norma ha caído en virtual desuso, no ha tenido el efecto práctico buscado y además resulta su validez constitucional seriamente cuestionada".
