Los números así lo demuestran, ya que en 25 años (desde 1983 hasta la actualidad) unas 2.485 personas perdieron la vida como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad. Como si fuera poco, en sólo cinco años se produjeron casi la mitad de los casos.
Además, se sabe que hay “federales” que viven en el conurbano y ejercen la violencia estando fuera de servicio y que en el mundo familiar de los uniformados son habituales los maltratos que muchas veces terminan de la peor manera.
Los datos son preocupantes, aún más, cuando se conoce que cada día y medio, un argentino muere producto del accionar de integrantes de las fuerzas de seguridad.
Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), unas 2.485 personas perdieron la vida en democracia como consecuencia de lo que suele llamarse “gatillo fácil” y otros denominan más difusamente “violencia impartida desde el Estado”. La situación se tornó más cruda durante el período 2003-2008.
Ante esta situación, el Estado creó en 2003, por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, el Programa Nacional Antiimpunidad con el objetivo de atender a los familiares víctimas de los casos en los que agentes del Estado han matado impunemente. Sin embargo, no se involucran en las causas que generan los números de la muerte.
Y en estos meses de gobierno de Cristina Kirchner se registran más cantidad de casos de asesinatos cometidos por la estructura represiva del Estado que el registrado durante el mandato de su esposo.
“Todos los días recogemos lo que se publica en cuatro diarios nacionales e incorporamos a nuestra base de datos todas aquellas informaciones que reflejen casos en los que puedan estar involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad”, explica Luciana Pol, integrante del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
Mientras que María del Carmen Verdú, de Correpi, dice que “nos apoyamos mucho en los medios pequeños, locales, que son los que efectivamente tienen información sobre los casos que no son noticia para los grandes medios”.
El resto de los datos que circulan vienen de las propias dependencias de seguridad que elaboran en función de las víctimas que se producen entre sus filas. O de las familias de quienes se encontraron frente a los casos de gatillo fácil. “Nuestros hijitos no le importan a nadie”, dijo Linda Vázquez, madre de Mariano Vázquez, una de las tantas víctimas de la violencia policial, e integrante del grupo de familiares que trabaja, de manera rentada, en el Programa Nacional Antiimpunidad. En dicho organismo trabajan contratados –con sueldos que oscilan entre los $1.200 y $3.400– algunos familiares emblemáticos de víctimas de la violencia familiar. Dentro de los treinta y tres que actualmente cumplen funciones allí, se reconoce por ejemplo al padre de la joven Natalia Mellman y hasta hace un tiempo a la madre de Miguel Bru.
Para citar algunos casos, Lisandro Barrau, de 24 años, fue asesinado en junio de 2004 por un disparo policial mientras conducía su motocicleta por la zona de Palermo, portador aparente de “aspecto chorro”. “El efectivo autor material del hecho había sido parte de la camada cuya ceremonia de egreso fue compartida por padres de víctimas que portaban las fotos de sus hijos, y que pidieron a esos jóvenes policías que pensaran en ellos antes de disparar,” declaró Verdú. Matías Tarditti, el efectivo de la Federal autor del hecho, purga hoy una pena de prisión perpetua a la que fue condenado el 30 de noviembre de 2005.
Por otra parte, revisando las estadísticas, se demuestra que cerca del 70% de las víctimas de violencia estatal resultan ser jóvenes de entre 15 y 25 años. Una situación que aún se torna incontrolable y espera ser resuelta para que no continúe incrementándose la cifra de víctimas del gatillo fácil.
Fuente/ 26noticias.com.ar
DELINCUENCIA POLICIAL.
Por: Lorena el 11-12-2008 a las 09:43