“Cuando un decreto llega a la firma del presidente ya está decantado y analizado”, manifestó De la Rúa en su testimonio de poco más de media hora ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 (TOPE 3). “Uno de los momentos más difíciles del día en la toma de decisiones es cuando el secretario Legal y Técnico se anuncia y viene con el volumen de decretos y otros documentos para la firma. Si el presidente tuviera que interiorizarse de cada expediente (que firma) el país nunca avanzaría. No se puede leer todo”, declaró el ex mandatario, en franca sintonía con la defensa de Menem. El abogado del riojano, Maximiliano Rusconi, propuso al radical de testigo para quitar peso a la responsabilidad del acusado en la firma de los decretos de la venta de armas.
Menem fue procesado porque suscribió decretos reservados que autorizaron ventas de material bélico que aparentemente iban hacia Panamá, Venezuela y Bolivia, aunque los cargamentos luego fueron desviados de manera ilegal hacia Ecuador –en conflicto con Perú por temas limítrofes– y Croacia, que en aquel momento tenía prohibido explícitamente el intercambio comercial de armamento.
De la Rúa explicó ante el tribunal que durante su mandato sólo firmó un decreto “de carácter secreto o reservado, y era sobre una ampliación del presupuesto para la Secretaría de Inteligencia”. Consultado sobre si como presidente le llegaba información sobre las exportaciones de Fabricaciones Militares u otras empresas públicas, el ex jefe de Estado dijo que no, aunque “uno sabe en general cómo está funcionando”.
La conclusión del ex presidente radical sobre la responsabilidad de los mandatarios en los decretos que avalan fue la misma. “Era tarea imposible informarse de cada uno de los decretos a la firma. No se puede leer todo el expediente de cada decreto”, insistió De la Rúa. Además, diferenció entre la responsabilidad política y la judicial, dando como ejemplo la firma del decreto que estableció el estado de sitio previo a su renuncia en diciembre de 2001. “Yo asumo la responsabilidad política por ese decreto que me pedían gobernadores del interior, funcionarios, pero desde lo jurídico no existe responsabilidad”, sostuvo el ex mandatario.
Otro testigo pedido por la defensa de Menem fue el secretario general de la Presidencia Alberto Kohan, quien comenzó aclarando que no integró el gobierno menemista en el período de la venta de armas, entre 1991 y 1995. En sintonía con De la Rúa, Kohan dijo que los decretos se preparan en la Secretaría Legal y Técnica y destacó que “no llega a la firma del presidente sin haber pasado antes por todas las instancias anteriores que hacen que sean válidos para la firma”. El ex funcionario menemista dijo, además, que no recordaba haber recibido “ninguna instrucción sobre la venta de armas”.
El juicio comenzó en octubre de 2008 y además de Menem están siendo juzgados el ex asesor presidencial Emir Yoma, el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, los ex titulares de Fabricaciones Militares Edbergo González de la Vega y Luis Sarlenga. También aparecen involucrados otros funcionarios y el ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik.
Menem concurrió al juicio únicamente el día que empezó, para luego argumentar problemas de salud y justificar su falta a las audiencias. De hecho, presenció la lectura de la acusación de esta megacausa por videoconferencia desde La Rioja.
Fuente: pagina12.com.ar
