De esta manera, el voluminoso expediente retornará ahora a manos del juez Palacios, quien solamente deberá resolver si hace lugar al pedido de sobreseimiento que hicieron los defensores de algunos de los imputados, entre ellos los de Pablo Córdoba Molas, ex titular de Desarrollo Social; de los presidentes de las fundaciones “Jóvenes en Progreso” e Ideia, Carlos Arriazu y Hugo Diamante, y de la ex empleada Nancy Madueño.
En caso de no hacer lugar a los pedidos, el juez de garantías deberá efectivamente enviar la causa a una de las cámaras de juicio, para que se lleve a cabo el debate oral y público, salvo que algunas de las partes decida presentar un nuevo recurso, esta vez ante la Corte de Justicia local.
El supuesto megafraude fue cometido en el área de Desarrollo Social cuando Córdoba Molas se desempeñaba como subsecretario y Ariel Regina, otro de los imputados, como Director de Políticas Juveniles.
La investigación se inició porque presuntamente se organizaban cursos de especialización y perfeccionamiento que eran solventados por el Estado provincial, aunque la mayoría de ellos no se llevaba a cabo o tenía una matrícula sensiblemente inferior a la que se hacía consignar en la documentación oficial. El fraude le costó al erario provincial una suma aproximada a los 4,2 millones de pesos.
