La cuestión originó según el letrado de Carletta el inicio de la investigación por el presunto ilícito penal pues se hace expresa mención en la requisitoria a la Fiscal que dicho importe o deuda generada corresponde a la retención de fondos de terceros ( empleados municipales de Icaño) a los que se les descontaba mensualmente de sus haberes en concepto de primas de las pólizas de seguros de sepelio y seguros de vida produciendo un evidente daño que trajo aparejado que los agentes municipales no pudieran gozar de los servicios de la cobertura contratada a pesar de haber sido descontados dado que si no se paga la prima mensualmente no hay cobertura de seguros (previsto expresamente en las pólizas y en la Ley de Seguros).
MUNICIPIO SIN DOCUMENTACION
Martinez Azar amplió que resulta evidente que aquella suma fue descontada a los empleados , retenida indebidamente por Santillán y no abonada a la empresa de seguros contratada por la ex-intendente del FCyS , que resultaba acreedora de dichos fondos con lo cual dicha conducta estaría tipificada como "retención indebida de dinero y en su caso debería investigarse si la misma no resulta incursa en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público", enfatizando que "como dejó manifestado en anterior denuncia cuyos hechos investiga esta Fiscalía de Recreo, en el municipio no obra ninguna documentación al respecto, pues toda la documentación fue secuestrada con la intervención de la propia Fiscal Duarte Acosta, del domicilio de los anteriores funcionarios y la intendenta saliente".
