La falta de pago de algunos ítems llevó a la empresa privatizada a ahorrar desde 1.999 un monto aproximado a los 181 millones de pesos, algo que para los abogados constituye el delito de administración fraudulenta. Vargiú comentó a Diario C que esa deuda es posible ahora al Estado pagar a los denunciantes aunque “es necesaria una decisión política ya que subiendo un peso o dos las boletas de luz de los usuarios se podría hacer frente a este monto”.
La causa penal deberá recaer en un fiscal que llevará adelante la causa iniciada en la mañana de hoy.
