Se trata de Guillermo Santalucía y Darío Ojeda, condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata por el delito de concusión (extorsión cometida por funcionarios públicos).
El 5 de junio de 1999, ambos policías realizaban un registro en una vivienda de la ciudad de La Plata, y encontraron a varias mujeres menores de edad ejerciendo la prostitución y, "abusando de su investidura exigieron servicios sexuales a dos de ellas" a cambio de falsear las identidades y edades de las adolescentes en el acta labrada.
