El fiscal fundamenta su pedido en la prescripción de las causas, por el tiempo transcurrido tal como lo establece el Código Procesal Penal.
Si el juez acepta la solicitud del fiscal, se cerraría el último capítulo judicial del caso por la muerte de la joven, ocurrida en 1990, que fue determinante para las condenas de Luis Tula y Guillermo Luque.
Luego del juicio en 1998, donde fueron condenados Luque y Tula, los jueces dispusieron enviar a la fiscalía de Instrucción II una “copia de la sentencia y de las actuaciones que resulten pertinentes conforme a las consideraciones de la misma, para la investigación de los delitos de Encubrimiento, Falsedad ideológica de instrumento público, asociación ilícita y todo otro delito que resulte perseguible de oficio”.
Luego de trece años después, la Fiscalía de Instrucción II, solicita formalmente el archivo de dichas causas.
Entre los involucrados en ambas causas, se encuentran el fallecido ex legislador Ángel Arturo Luque, a quien se lo acusaba por el delito de "Asociación Ilícita agravada e instigación a cometer delitos" y Miguel Ángel Ferreyra -jefe de policía en ese momento-, acusado de "Asociación ilícita agravada, instigación a cometer delitos y Encubrimiento".
La lista de acusados incluía numerosas personas, entre ellas prácticamente a todas las principales autoridades del gobierno de Ramón Saadi (también acusado), como Daniel Eduardo Lucero, Manuel Ricardo Moreno, César Elías Safe, Ramón Eduardo Saadi, Dardo de Jesús Ferreyra y René Rolando Bazán.
También se incluía a José Antonio Leguizamón, Pedro Valentín Rodríguez, Julio Roberto Sosa, Asim Asaad, Rafael Eduardo Miranda, Miguel Ángel Ramón Dahbar, Manuel Enrique Santiesteban, Oficial Principal Quiroga, y Ramón Ernesto Vaquel.
La lista también contenía al personal médico, de enfermería y administrativos que pudieran haber participado en tareas de reanimación del cuerpo de María Soledad Morales, por el delito de "Asociación Ilícita y Encubrimiento", al personal de la Universidad J.F. Kennedy, el delito de "Falsedad Ideológica" y a la doctora Marta Vera de Albornoz, por el delito de "Violación de medios de pruebas".
Ambos delitos mencionados sumados a otras causas iniciadas a partir de conocido el veredicto dictado por el tribunal, terminaron en sobreseimientos o prescriptas, por lo que la condena perdió sustento, aún cuando fue confirmada con posterioridad por la Corte de Justicia de Catamarca y luego por la Suprema Corte de la Nación.
Es que los principales testigos que empleó el tribunal para reconstruir el hecho cambiaron con posterioridad su versión y allí, más de 30 personas fueron encausadas por el supuesto delito de falso testimonio, algunas de ellas consideradas testigos claves para las coartadas que habían esgrimido los acusados.(Telam)
