Con esta iniciativa convertida en ley, Uruguay tiene una despenalización tan amplia del aborto como las que en América Latina sólo tienen Cuba, Guyana, Puerto Rico y el Distrito Federal de México, según la agencia de noticias Efe.
Esta nueva ley no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza mientras se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado, como pasar por una comisión de psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que asesorarán a las mujeres sobre sus posibilidades, más un plazo de cinco días de reflexión.
Después de estos trámites, las mujeres podrán abortar si lo desean en cualquier centro público o privado de salud del país, que estarán obligados a realizar la intervención o a garantizar que ésta se haga por terceros en casos de objeción de conciencia.
Cualquier interrupción de un embarazo que se realice fuera de este procedimiento seguirá siendo un aborto ilegal y por lo tanto penalizado.
Para que la ley entre en vigencia, el Parlamento y las autoridades del Ministerio de Salud Pública deberán trabajar en un reglamento, que se espera esté listo para dentro de un mes.
Mujica había asegurado que no vetaría la norma, por lo que la promulgación de la ley se daba por hecho pese a los esfuerzos de asociaciones antiabortistas, que pidieron al Presidente que la rechazara.
Fuente: Télam
